En Casa Rosada se siguió con atención, hasta la madrugada, el desarrollo de la sesión en la Cámara de Diputados. El tratamiento del Presupuesto 2026 concentró casi por completo las conversaciones en despachos y pasillos oficiales, mientras el clima interno fue variando a medida que avanzaba el debate en el recinto.

En el gobierno de Javier Milei daban por descontada la aprobación la iniciativa, pero el revés sufrido en los intentos de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, logrado por una mayoría más amplia de la prevista, abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre cómo avanzar con esos temas. En Balcarce 50 ya anticipan que, si el texto no se modifica en el Senado, el Ejecutivo evalúa vetarlo por considerar que vulnera el principio de “déficit cero”, consignó el diario "La Nación".

En el primer piso del Palacio de Gobierno había expectativas de lograr el primer presupuesto alineado con esa meta y aprobado por el Congreso. La frustración se tradujo en reproches hacia los gobernadores que, pese a haberlo advertido, votaron contra el capítulo que incluía la derogación de ambas leyes. Entre ellos se mencionó a Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, aunque mayor sorpresa generaron los votos de mandatarios con diálogo fluido con la Casa Rosada, como Gustavo Valdés, Rolando Figueroa y Leandro Zdero.

El malestar se hizo evidente en el oficialismo, aunque sin pases de factura internos en lo inmediato. La atención estuvo puesta en la actitud de los gobernadores y en el impacto político de la votación. En el entorno libertario se insistía en que la del Presupuesto era una batalla dentro de una estrategia más amplia que incluye la reforma laboral, cuya media sanción buscan obtener antes de fin de año.

La intención del oficialismo es cerrar 2025 con ambas iniciativas legislativas encaminadas, una meta ambiciosa pero que aún consideran posible. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, trasladó esta semana su despacho dentro de la Casa Rosada para seguir de cerca las negociaciones, luego de reunirse en menos de dos meses con los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo.

Durante las conversaciones finales se concedieron más cambios de los previstos, incluso la incorporación de la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Aun así, en el Gobierno admitían que la votación estaba ajustada y que el resultado no sería sencillo. Lo que no esperaban era concluir que el proyecto aprobado perdió utilidad política y que podría ser vetado.

Pese a ese escenario, en el oficialismo ratifican la estrategia definida por Karina Milei y ejecutada por su círculo de confianza. Reconocen, sin embargo, que los puntos rechazados -discapacidad y financiamiento universitario- resultan especialmente sensibles. “Nadie quiere quedar asociado a una votación antipática”, admitieron fuentes oficiales.

En paralelo, el Gobierno relativizó las críticas del PRO por la elección de autoridades de la Auditoría General de la Nación, un episodio que reavivó tensiones con ese espacio y derivó en el retiro del recinto de varias bancadas opositoras. Desde el oficialismo descartaron cualquier acuerdo con el kirchnerismo, aunque admitieron que el clima político generado podría trasladarse al debate en el Senado.